El punto de partida de la evolución del derecho a la Protección de Datos en España tiene su origen en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981.

La Constitución Española de 1978 ya previó en su artículo 18.4 la limitación del uso de la informática para mayor garantía del derecho al honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, concretándose más tarde en el desarrollo de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, la LORTAD.

La evolución del derecho a la Protección de Datos en España se ha hecho patente con la iniciativa constante de la Agencia Española de Protección de Datos en la mejora de la protección de los derechos de los ciudadanos y en el impulso para provocar cambios en la legislación europea. Así lo consagró la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 que daba cobertura a un nuevo derecho de los interesados, el derecho al olvido en Internet. La integración de normativa en los cuerpos normativos para mejor protección de los ciudadanos también ha llevado a nuestro país vecino, Andorra, a promulgar de forma reciente la Ley 29/2021, de 28 de octubre, de protección de datos personales dando especial relevancia al tratamiento de los datos de menores entre 16 y 18 años de edad, que tienen poder de control sobre su propia información personal.

El nuevo Reglamento de Protección de Datos, 2016/679, del parlamento Europeo y Del Consejo, de 27 de abril de 2016 ha supuesto la exigencia de la adaptación de todas las actividades en la que se vea implicado el tratamiento de datos de los ciudadanos, a la implementación de todos los medios necesarios para su protección. Estas obligaciones, unido a la aparición de nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), los robots y la Inteligencia Artificial han dibujado un marco legal en continua evolución que trata de ser referencia a los límites de actuación para mayor protección de los ciudadanos.

Todos los ciudadanos, ostentan el derecho a la protección de sus datos, y pueden ejercer sus derechos frente a cualquier intromisión provocada por tercero. La Agencia de Protección de Datos, como organismo administrativo de control velará por los ciudadanos y asume el compromiso de dar respuesta no sólo a las consultas sino también a la emisión de Informes Jurídicos que son pauta para una mejor interpretación de las normas y la emisión de consejos de fácil entendimiento para todos, como por ejemplo esta guía de “10 consejos básicos para comprar en internet de manera segura”. No

Las consecuencias del tratamiento no consentido de datos personales para las empresas puede tener consecuencias civiles (deberá hacerse cargo de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar), consecuencias administrativas (asumiendo las sanciones que imponga el Organismo de Control, AEPD) y responsabilidades penales si, con motivo de un tratamiento no consentido de datos personales, se cometiera alguno de los delitos imputables a la persona jurídica por el Código Penal. Puede consultarlo aquí.

Los ciudadanos tampoco están exentos de responsabilidades civiles y penales para los supuestos de difusión no consentida de datos privados e íntimos de otros.

Desde OptimumTIC recomendamos tanto a empresas como a ciudadanos estar actualizados en los cambios de normativa y revisar que las actividades profesionales y empresariales estén siempre acordes para dar cumplimiento al derecho a la Protección de Datos. Nuestro equipo de Compliance IT está formado por abogados, criminólogos y expertos en cumplimiento normativo, los cuales son capaces de llevar a cabo planes estratégicos que permiten a las organizaciones adaptarse a las normativas vigentes en Protección de Datos.

Feliz treinta aniversario a todos y a cumplir más!

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