La llegada de las conexiones 5G al panorama tecnológico propone una realidad en la que se expanden las posibilidades de aplicación de las comunicaciones, pero a su vez, aumentan los posibles riesgos de seguridad de los datos y la privacidad. La tecnología evoluciona, pero también lo hacen las metodologías de ataque y el perfil de los atacantes, haciendo que la legislación vigente no sea suficiente y sea necesario establecer nuevas legislaciones como el Real Decreto Ley de conexiones 5G. 

De esta manera, el gobierno ha acelerado la tramitación parlamentaria de la ley convirtiéndola en un decreto ley, sorprendiendo a todo el sector de las telecomunicaciones. Este decreto, conocido oficialmente como Real Decreto Ley sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación, dictamina la obligatoriedad de que todas estas nuevas redes se atengan en todo momento a lo que dictamine el Esquema Nacional de Seguriad (ENS), estableciendo así una protección de las infraestructuras críticas.  

El decreto ley de conexiones 5G es fruto del cambio que están dando las políticas tecnológicas en el territorio español. El órgano de gobierno está apostando por un desarrollo basado en las máximas condiciones de seguridad tecnológica, acceso a los datos, autonomía y privacidad. 

Dentro de la ley, sobre todo destacan las exigencias hacia las operadoras de red, las cuales están obligadas a analizar los riesgos y vulnerabilidades y a diversificar su cadena de suministro de equipos de telecomunicación, de conmutación o de cualquier otro recurso. Obligando así a que tengan un mínimo de dos proveedores distintos, excluyendo aquellos proveedores que se consideren “proveedores de riesgo”. En el artículo 12 de este decreto ley se expone:

"No podrán utilizar en la red de acceso de una red pública 5G equipos de telecomunicación, sistemas de transmisión, equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, que permitan el transporte de señales, hardware, software o servicios auxiliares de suministradores que hayan sido calificados de alto riesgo".

Sin embargo, éste no especifica qué proveedores están considerados de riesgo por el gobierno, por lo que lo convierte en un texto algo ambiguo. Aun así, el Real Decreto ley de conexiones 5G aun no está aprobado por todos los grupos parlamentarios, por lo que, de momento, podemos decir que, si finalmente queda aprobado, éste supondrá un gran desafío para los proveedores de red españoles y que, junto a ellos, las organizaciones expertas en ciberseguridad, deberemos asegurar los máximos estándares en las conexiones de red. 

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